McLaughlin ha sido condenada aún como Scott McLaughlin por la violación y asesinato de una mujer, Beverly
Guenther, en 2003, pero ha solicitado formalmente clemencia al gobernador Parsons alegando que sufre daños cerebrales y un trauma infantil. Si Parsons no interviene McLaughlin será ejecutada por inyección letal, informa la cadena CNN.
«La investigación ha reconocido el arrepentimiento sincero de McLaughlin y también lo han hecho todos y cada uno de los expertos que la han evaluado en los años que han pasado desde el juicio», destaca la petición al gobernador.
McLaughlin ha sido «sólidamente diagnosticado con discapacidad intelectual limítrofe» y ha sido «diagnosticado universalmente con daño cerebral así como síndrome de alcohol fetal».
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte –contrario a la pena capital– ha resaltado que McLaughlin «es la primera persona trans a la que se le ha asignado fecha de ejecución en Estados Unidos».
Además, recuerda que el jurado no aprobó la pena de muerte por unanimidad, circunstancia que sí es necesaria en la gran mayoría de estados que ejecutan a reos. «La ley de Misuri considera que un jurado no unánime es un jurado bloqueado, por lo que se recurrió a una norma que permite al juez imponer una sentencia por su cuenta», señalan, al tiempo que recuerdan que «el juez se basó en circunstancias agravantes rechazadas por el jurado para condenar a muerte a McLaughlin».
Numerosas personalidades políticas y de la sociedad civil han pedido que se anule la ejecución de McLaughlin que recuerdan que fue abandonada por su madre, agredida recurrentemente por su padre adoptivo y protagonista de «múltiples intentos de suicidio».
McLaughlin no ha iniciado ningún proceso legal para cambiar su nombre o comenzar un tránsito físico, por lo que permanece en el Centro Correccional de Potosi, cerca de San Luis, un centro solo para varones.